Las piscinas son solo un pequeño porcentaje de los bienes inmuebles que se han encontrado sin declarar, pues desde el año 2003 hacienda impulsó lo que es llamado “plan de regularización” cuyo objetivo es incorporar al catastro los bienes inmuebles y rústicos que no hayan sido declarados con anterioridad.
Y es que los bienes ocultos no permiten el crecimiento económico del país, ya que el propietario no paga a razón de lo construido y, por tanto, hay un porcentaje económico que debería recibir el Estado pero que, en estos casos, no recibe. Por eso, aquellas personas que tengan propiedades sin actualizar, tendrán que pagar una tasa de 60 euros, con la que se financiará el programa de revisión, y aparte, deberán ponerse al día con su bien inmueble.
Debemos tener en cuenta que si no declaramos lo que nuestras pertenencias, tampoco podremos reclamarlas ya que no tenemos cómo justificar que son nuestras y, por tanto, el Gobierno puede proceder a su expropiación sin que se pueda hacer nada por evitarlo. Además, si nos encontrásemos en uno de estos casos, deberemos pagar las multas que se nos impongan por no haber declarado esos bienes y, al final, si hacemos números, comprobaríamos que nos habría salido mucho más rentable cumplir con la ley actual que intentar esquivarla. Debemos entender somos ciudadanos que, como todos los demás, debemos pagar las tasas e impuestos que nos corresponden, como, por ejemplo, el IBI a razón de las propiedades que poseamos.
El impuesto de bienes inmuebles, IBI, es un impuesto directo de carácter OBLIGATORIO que grava la titularidad y derechos reales que tengamos sobre cualquier bien inmueble, ya sea urbano, rústico o con características especiales. El órgano que regula este impuesto es el catastro, ya que es el único con potestad para clasificar los bienes y, además, es fuente de titularidad de los mismos. Por ejemplo, el catastro determina dicha titularidad, la extensión geográfica y el valor económico que tiene un terreno o bien inmueble, por eso es un apoyo para determinar el cobro de las imposiciones del Estado, según lo manifestado en los registros.
El Catastro ha descubierto otros inmuebles ocultos en Galicia
De las 6000 piscinas que se han encontrado en Galicia sin declarar, casi 3000 están ubicadas en la provincia de A Coruña, 1.248 en Lugo, 852 en Ourense y 802 en Pontevedra, pero esto no es algo que ocurra aisladamente en la comunidad gallega sino que hablamos de una situación que es común en toda España. Según los datos, un gran porcentaje de la población, sobre todo del sector más pudiente, ha tomado por costumbre intentar esconder ciertas propiedades o construcciones al Estado para no pagar impuestos.
Personalmente no veo la necesidad de hacer este tipo de “trampas” y, por eso, soy de la opinión de que siempre que se compre algo, o se adquiera cualquier propiedad o inmueble, debemos fijarnos en si todo cumple con los reglamentos exigidos. Cuando instalé mi piscina de fibra de poliéster en casa, opté por una empresa que es referente en su sector Piscinas DTP, porque es una empresa fiable, que cumple con todas las normativas exigidas por la UE, y eso hace que me sienta muy tranquila sabiendo que todo está en regla desde el primer día que la compré. No hay nada mejor que estar disfrutando de tu piscina teniendo tu conciencia limpia de fraudes.
Pero además de las piscinas, en este fraude se incluyen nuevas construcciones, ampliaciones y propiedades que no constan a ojos de Hacienda y son los drones los encargados de vigilar todas las propiedades. De este modo, cuando los documentos que capta el dron tienen alguna irregularidad con respecto a documentos anteriores (una nueva construcción), se lleva a cabo una investigación al respecto con el fin de mantener el control de impuestos. Y es que, aunque los drones estén prohibidos dentro de una propiedad privacidad, el Estado entiende que su uso es necesario para evitar este tipo de fraudes y, por ende, se utilizan con este único fin.
Puede que estemos ante un caso bastante hipócrita en nuestra sociedad, ya que una de las preocupaciones globales de la población española son los impuestos y por eso algunas personas intentan evadirlos de una manera u otra, y esto entra directamente en confrontación la demanda social de beneficios porque para mantenerlos es necesario que esos impuestos sigan vigentes.
